Respeto por todas las partes involucradas
Trabajamos con respeto y profesionalismo con aplicantes, familias, gobiernos, autoridades, instituciones educativas, aseguradoras, proveedores, aliados y colaboradores. Promovemos relaciones basadas en la cooperación, el trato digno y la no discriminación.
Información clara y honesta
Comunicamos con claridad los requisitos, costos, condiciones, riesgos y tiempos estimados de cada proceso. No prometemos aprobaciones de visas ni resultados que dependan de terceros.
Informamos oportunamente, a través de nuestros canales institucionales, los cambios que puedan afectar los procesos de los aplicantes.
Responsabilidad y respaldo financiero
Operamos bajo un principio de superávit y mantenemos recursos propios adicionales como respaldo para atender contingencias y cumplir nuestros compromisos financieros.
Nunca tomamos ni utilizamos el dinero de los aplicantes para financiar la operación de Aurora, cubrir déficits o atender obligaciones ajenas a sus procesos. Diferenciamos claramente nuestros honorarios de los recursos destinados a instituciones, aseguradoras, autoridades y otros terceros.
Gestión oportuna de devoluciones
Cuando Aurora recibe recursos que deben devolverse a un aplicante —por reembolsos de seguros, negaciones de visa u otros conceptos—, ordenamos y tramitamos la transferencia dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de los fondos.
El tiempo de abono en la cuenta del aplicante depende de las entidades financieras y puede variar, especialmente en transferencias internacionales. Entregamos el comprobante correspondiente y damos seguimiento hasta confirmar la recepción del dinero.
No retenemos injustificadamente estos recursos ni los utilizamos para otros fines.
Responsabilidad por nuestros errores
Reconocemos nuestros errores, los comunicamos con transparencia y actuamos para corregirlos. No trasladamos al aplicante las consecuencias económicas de fallas atribuibles a Aurora.
Cuando sea necesario volver a presentar una solicitud por un error nuestro, asumimos los costos asociados a la reaplicación, incluidos los pagos que deban repetirse como consecuencia de esa falla.